EL ESCÁNDALO DEL ESPIONAJE

La sociedad de los valores invertidos

¡Escándalo! ¡Escándalo! Los medios de comunicación echan humo y los políticos se echan las manos a la cabeza por el supuesto escándalo del espionaje ilegal a sus camaradas de ralea.

   Desde luego, ni los medios de comunicación ni los implicados han hecho hincapié en ese pequeño detalle que parece pasar desapercibido, ese detalle tan elemental que deja al descubierto una trama de corrupción de la familia Pujol.

   Lo que tiene a todo el mundillo del circo político histérico, con los pelos de punta y <<acojonados>> no es la violación de la intimidad sino la probabilidad de ser descubiertos en sus fechorías y por tanto que sus corrupciones puedan hacerse públicas.

   Si las primeras revelaciones de la agencia Método 3 han causado esa supuesta <<alarma social>> (aunque a mí no me ha alarmado, en absoluto; excepto quizás porque me parece absurdo que se persiga a la presa y no al cazador. Tampoco creo que los ciudadanos de a pie estén demasiado preocupados porque se espíe la labor de los funcionarios públicos, de la clase política y de todo lo que tenga que ver con éstos); las posteriores investigaciones han llevado a la clase política a tomar acciones inmediatas para protegerse. La clase política teme un efecto <<bola de nieve>> pues si muchas otras agencias como Método 3 (las hay por toda España), revelaran los espionajes que se han realizado a muchos funcionarios públicos no se escaparía ni el gato.

   Pero no solo la clase política está manchada con la corrupción, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les hacen competencia conjuntamente con jueces y miembros de la judicatura. Eso no lo digo yo, sino que lo han revelado las mismas fuentes que denuncian el espionaje en La Camarga, pues en su pánico no se han dado cuenta que se acusan a sí mismo al manifestar que si todas las conversaciones de los muchos políticos que eran habituales en aquel restaurante fueran desvelados se crearía perjudicaría la imagen de muchos funcionarios públicos donde se incluyen ministros, senadores, miembros de la policía. Es decir, todo un menú corrupto de pantagruélica bufonería. Sin olvidar, por supuesto, al sector privado, el gran corruptor de la clase política española.

Para Alfonso Alonso, portavoz Parlamentario del PP, el caso de los espionajes en Cataluña es algo inadmisible, pero parece que sí es más admisible la manifiesta corrupción de algunos miembros de su partido. Pero no solo Alfonso Alonso ha salido a defender la intimidad de los políticos a él se han unido muchas otras voces que no han cesado de pedir justicia y esta misma semana han sido detenidos los implicados en este escándalo de la agencia Método 3, pero curiosamente no se ha abierto ninguna investigación en relación a las supuestas bolsas llenas de dinero que la familia Pujol llevaba por todo Barcelona. La clase política une fuerzas y escuchamos a sus próceres muy preocupados. Los peces gordos han salido a defender su derecho a la intimidad, pero nadie ha salido a defender el deber de los funcionarios públicos a la transparencia y a la honradez.

    Es decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado espían cada día a todo parroquiano por diferentes razones. La persecución de la piratería en Internet se hace a veces con señuelos para desmantelar redes dedicadas a este delito. Pero parece que no existe un organismo dedicado a la perseguir la corrupción política que ha desangrado a este país.

   No, los recursos los dedicamos a perseguir negritos que venden CD de tres al cuarto en los parques y paseos de España. En general, a los ciudadanos de a pie nos pueden espiar de mil maneras, amparados en diversas leyes y se pueden cometer todo tipo de abusos: desde bloquear nuestras cuentas bancarias y retenernos cualquier cantidad hasta embargar nuestra nómina por sumas ridículas.

   Por míseros 30 euros de una multa de aparcamiento un ciudadano cualquiera ya puede atenerse a las consecuencias, pues para cobrárselos Hacienda viola fragantemente la Ley de Protección de Datos. No obstante, los ciudadanos debemos soportar sí o sí. La Ley ha sido diseñada para castigar duramente las pequeñas infracciones y para garantizar la inmunidad de los grandes defraudadores.

   Por cualquier nimiedad a un ciudadano normal se le impone una multa exagerada: 400 euros por hacer pis en un rincón de la vía pública, cuando ni siquiera existen suficientes baños públicos. 200 euros por aparcar en doble fila cuando los Ayuntamientos se han empeñado en hacer dada vez más calles peatonales y en lugar de crear aparcamientos, entre 2005 y 2012 en España han ido despareciendo más del 25 por ciento de las plazas de aparcamiento públicas.

   Las grandes empresas son cada vez más fuertes e inmunes a las denuncias, por ejemplo, de los consumidores. Las organizaciones de consumidores en España no juegan ningún papel en la reglamentación contra los abusos de las empresas. Los consumidores estamos en un estado de orfandad total.

   Una empresa como telefónica puede cometer cientos de abusos contra los consumidores y no recibirá ninguna multa por ello, por el contrario un usuario que, por ejemplo, deje de pagar míseros diez euros a Telefónica será registrado en una de las muchas listas de morosos y se violarán reiteradamente una serie de derechos. Si alguna empresa comete un error en la facturación de un cliente el cliente está siempre obligado por ley a pagar aunque la empresa reconozca su error y después podrá denunciarle. Pero con las nuevas tasas judiciales las empresas quedan protegidas contra cualquier denuncia porque en cualquier caso el cliente siempre pagará más por denunciarles que por pagarles lo que no ha consumido. Así estamos a merced de los abusos de las multinacionales y las grandes empresas cuyos intereses se ven cada vez más protegidos por las leyes.

Un ciudadano común es acusado de, por ejemplo, aparcar mal, y la administración no se preocupa por saber si esto es cierto o falso, la multa está puesta y hay que pagarla, por tanto el ciudadano que se niegue a hacerlo sufrirá una persecución a todo gas por parte de la administración y ésta, que está en poder de todos los datos del contribuyente hará cualquier cosa para cobrarse los treinta eurillos de la multa.

Cuando se trata de juzgar a los políticos, cuando es su ralea la que se ve afectada, el discurso cambia. A estas alturas las cuentas de los Pujol no están bloqueadas. Seguirán cobrando las pensiones estatales y continuaran su tren de vida sin que el Estado emprenda acciones para saber si sus ingresos han sido legales.

   A estas alturas cualquier político corrupto está más protegido que un ciudadano común a pesar de que los delitos de ambos sean muy diferentes. La comparación, y sobre todo el trato, es muy diferente. En el País de las Maravillas, es una maravilla delinquir; sobre todo si los delitos se cometen en el ámbito estatal.

Un político corrupto cuyo delito ha sido declarado públicamente por testigos, como en el caso que nos concierne hoy, cuyo flagrante delito debería ser investigado inmediatamente, está a salvo de la ley y sus cuentas no van a ser ni bloqueadas y en muchos casos ni siquiera es llamado a declarar.

   ¡Este es el verdadero escándalo!

   ¡Ésta es la verdadera noticia!

La sociedad actual –manipulada por la clase política- ha invertido los valores y protege más el derecho a la intimidad y el buen nombre del delincuente que el derecho intrínseco a castigar los actos delictivos.

   Es esta inversión surrealista de la conciencia jurídica lo que nos ha llevado a estar a merced de la clase política que ha logrado amoldar la Ley en su propio beneficio y protección.

   Lo más triste de todo ello es que la sociedad actual permanece impávida ante hechos tan contundentes como éste.

   Sigamos así, sigamos escandalizándonos por hechos como este, mientras los verdaderos delitos permanecen impunes.

   Sigamos protegiendo los derechos de terroristas, corruptos, estafadores, asesinos, delincuentes y todo tipo de grandes infractores de la ley y sigamos siendo contundentes con las pequeñas infracciones.

¿Acaso hemos retornado a la época de la superstición?

Los funcionarios públicos no son dioses, no son sagrados ni mucho menos poseen inmunidad de ningún tipo, los funcionarios públicos y toda la clase política está a nuestro servicio. Ostenten o no un cargo público están sujetos a la voluntad y al deseo, primero de la Ley y, segundo, del pueblo como supremo e innato legislador.

   Si bien hoy la mayor parte de las leyes han sido diseñadas para proteger corruptos, es menester que el pueblo recupere para sí el derecho, el derecho que por naturaleza le pertenece. Bajemos del pedestal a la clase política y castiguemos severamente la traición de los funcionarios públicos. Los cuales ante una mera sospecha de corrupción deberían ser apartados inmediatamente de sus funciones públicas y si su delito es comprobado deben ser inhabilitados de manera vitalicia.

   La primera condición para ser funcionario público debería ser una conducta ciudadana intachable y sus actos deberían estar sujetos a una vigilancia constante. Si éstas personas han decidido dedicarse a la vida pública deben renunciar a ciertos derechos que poseemos los ciudadanos anónimos y en su calidad de personajes públicos deben hacer siempre un ejercicio de transparencia absoluta.

En mi opinión, considero el espionaje a la clase política no una vulneración de sus derechos sino todo lo contrario un deber de los ciudadanos, el precio que todo personaje público debe pagar.