Mínima inversión, máxima explotación
Desde que
llegó a la DGT el ambicioso Pere Navarro este organismo estatal se ha
convertido en el negocio más lucrativo del gobierno. Si bien a la llegada de
Pere Navarro este país caminaba en la misma dirección de los gobiernos alrededor
del mundo de aprovecharse de la <<seguridad>> vial para hacer caja, es
innegable que fue con Navarro cuando la DGT pasó de ser la Dirección General de
Tráfico a la Dirección Ganancial de Tráfico.
Desde 2004
las cifras de ingresos en la DGT por concepto de infracciones de tráfico se
elevaron exponencialmente. Si bien es cierto que ciertas medidas son sin duda
importantísimas también es cierto que de la mano de las mismas ha ido el interés
por ganar dinero a costa de vendernos una idea de seguridad vial que no se
corresponde con la realidad y, sobre todo, que no se corresponde con los datos
que manejan las asociaciones de conductores a nivel español y europeo.
Desde hace varios años estas asociaciones
vienen haciendo hincapié en la importancia de tener en cuenta muchos otros
factores diferentes a la velocidad que son causantes de accidentes y cuya
proporción es, en total, mayor que la de siniestralidad por exceso de
velocidad.
No obstante, la DGT ha hecho oídos sordos a las
peticiones de las asociaciones de conductores y desconoce más causas de siniestralidad
diferentes al alcohol, las drogas y la velocidad. Respecto a las dos primeras
causales estoy totalmente de acuerdo con la DGT pero debo disentir respecto a
la tercera puesto que la velocidad si bien puede ser agravante en los
accidentes de tráfico no es la única responsable de los mismos. La situación
está muy clara y vemos como un caso tan mediático como el de Ortega-Cano nos
ejemplifica que el consumo de alcohol al volante es más peligroso que la
velocidad y que la combinación de ambas es letal. Pero no se deben desestimar otros
factores.
Hoy nos
encontramos con la nada alegre noticia que la DGT se ha gastado más de 150.000
euros en un nuevo radar que ha instalado en uno de los más de 20 helicópteros que
sobrevuelan constantemente nuestros cielos en busca de infractores de
velocidad. Y si bien a simple vista esto puede parecer una medida que beneficie
a los conductores no se trata nada más que del mismo afán recaudatorio que
desde hace años oprime a la sociedad española y desconociendo, a su vez, las
otras e importantes causas de siniestralidad.
Porque la única medida que la directora de
la DGT, María Seguí, ha anunciado esta mañana con bombos y platillos es la
entrada en funcionamiento de Pegasus, un radar de fabricación nacional que han
tardado más de seis años en perfeccionar y que ahora piensa recuperar esos 150.000
euros en menos de dos meses. La directora no ha dicho nada más, no se habló de
finalización de obras, de ampliación y mejora de vías, no se habló de
consecuente señalización de los puntos negros por siniestralidad debido a
problemas estructurales de las vías, no se habló de campañas para el control
del tráfico en zonas de desplazamientos masivos y donde es necesaria la
presencia policial. No ha hablado, por ejemplo, de la pésima señalización en
las carreteras comarcales, del fatídico estado de las mismas, de las muchas
carreteras secundarias que están en obras y que producen, según las cifras que
manejan las asociaciones de conductores profesionales, más accidentes que los
escasos abusos de velocidad de algunos conductores irresponsables.
Desde aquí no
hablamos, señora directora, que deban obviarse las infracciones de tráfico por
velocidad pero sí que le invitamos a que de una vez se quiete la venda de los ojos,
deje de seguir las estadísticas económicas y mire las cifras reales de siniestralidad
producida por los descuidos del Estado. Porque señalizar bien una carretera o
adecuarla correctamente para la circulación no da dinero, todo lo contrario,
supone un gasto para el Estado que la clase política prefiere no hacer.
Hay que
resaltar que si bien el gobierno ha hecho recortes en casi todos sus
ministerios a la DGT apenas se le ha tocado; por el contrario, ahora tienen más
recursos para seguir instalando radares por toda España, radares cuyos precios
son realmente escandalosos. ¿No hay, pues, una afán claramente recaudatorio? Para
mí está muy claro.
Cualquiera
que conozca un poco las carreteras españolas, incluso las autopistas de pago
podrá darme la razón. Por ejemplo, la DGT afirma que la siniestralidad en
carreteras secundarias es mucho mayor y yo les creo pero lo que no dice es que
el estado de las carreteras secundarias no es malo sino pésimo. Cualquier que
conozca la Nacional 1 -por ejemplo en su tramo entre Burgos y Miranda de Ebro-
podrá darme la razón y sabrá que en este recorrido hay tramos realmente
peligrosos para la seguridad. Cruces sin señalizar, por no decir que la vía
lleva, a decir verdad, no sé cuántos años en obras. Unas obras que no parecen
finalizar nunca y que cada vez parecen prolongarse más y sin efectos positivos
(de momento). Cualquiera que circule por cualquier carretera nacional en España
podrá darme la razón y no necesitamos para ello a los peritos de las
asociaciones de automovilistas.
Pero sobre la
DGT recaen todo tipo de sospechas por su poco disimulado afán recaudatorio, afán
que ha llegado a ser denunciado por los propios sindicatos de la Guardia Civil
y por los abusos que ha cometido al coaccionar a los agentes para que multen de
manera indiscriminada. En esta tropelía el Ministerio del Interior también ha
estado implicado de manera que nos quedamos atónitos cuando aún hoy siguen
negando el negocio de la seguridad vial.
Así que ¡basta
ya! de medidas recaudatorias por parte de la DGT, ¡basta ya! de nuevos radares
caros y sofisticados que solo perpetúan el negocio de la seguridad vial.
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